30 OCT 2026 · 27 MIN
Desinformación e injerencia en la zona gris: casos y conclusiones

En 2019, tuve la suerte de trabajar en la edición de Desinformación. Poder y manipulación en la era digital, una obra coordinada por quien es uno de los principales expertos españoles en desinformación, ciberamenazas y operaciones de influencia, Manuel R. Torres Soriano, y en la que participaron expertos como Guillem Colom, Carlos Echeverría, Nicolás de Pedro, Vicente Vallés y David Alandete.
Aquel trabajo ayudó a ordenar y poner en perspectiva fenómenos sobre los que muchos llevábamos ya tiempo trabajando y que, siete años después, no sólo siguen presentes, sino que han adquirido nuevas formas, mayor velocidad y una capacidad creciente para trasladar sus efectos del espacio digital al terreno político, social e incluso físico.
Volver hoy sobre algunas de las ideas y casos analizados entonces permite comprobar hasta qué punto siguen siendo útiles para interpretar episodios recientes en Francia, Italia, Reino Unido o España, y para entender una lógica que permanece constante: los que actúan en la zona gris no necesitan crear desde cero las fracturas de una sociedad; les basta con identificarlas, explotarlas y así contribuir a que terminen convirtiéndose en problemas de seguridad, cohesión o gobernabilidad.
Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide y uno de los especialistas españoles más reconocidos en el estudio de la desinformación y las operaciones de influencia, lleva años insistiendo en la necesidad de no confundir ambos conceptos. La desinformación es una herramienta, mientras que las operaciones de influencia constituyen una categoría más amplia, en la que pueden combinarse información verdadera, falsa o manipulada, actores aparentemente independientes, plataformas digitales, medios de comunicación, proxies y otras formas de intervención destinadas a modificar percepciones o comportamientos.
La distinción importa porque permite comprender mejor lo que está ocurriendo. Buena parte de la conversación pública hoy día sigue reduciendo el problema a la difusión de fake news, como si la amenaza consistiera esencialmente en que un ciudadano pueda dar por cierta una información falsa. Lo cierto, desde el punto de vista de la seguridad y de la llamada zona gris, es que la cuestión es mucho más amplia. Lo relevante no es sólo si un contenido es verdadero o falso, sino qué efecto persigue, qué vulnerabilidad pretende explotar, mediante qué mecanismos se amplifica y, sobre todo, si consigue alterar comportamientos, erosionar confianza institucional o convertir una tensión política o social existente en un problema cada vez más difícil de gestionar.
Un fenómeno antiguo adaptado a un entorno nuevo
En su análisis sobre la guerra informativa rusa, Guillem Colom recordaba ya en 2019, mucho antes de la irrupción de la IA generativa, que muchas de las prácticas que hoy asociamos con bots, redes sociales, perfiles falsos o contenidos generados mediante IA cuentan con antecedentes muy anteriores incluso a la existencia de internet. Las denominadas medidas activas soviéticas ya combinaban propaganda, desinformación, falsificación documental, manipulación de medios, organizaciones pantalla, agentes de influencia y otras herramientas abiertas, semiclandestinas o clandestinas dirigidas a erosionar la posición del adversario, polarizar sus sociedades o deteriorar la confianza en sus instituciones. Es decir, no hay nada novedoso en la lógica estratégica, sino que es el nuevo entorno tecnológico el que permite aplicarla ahora con una velocidad, un alcance y unos costes radicalmente distintos.
Esta continuidad histórica obliga también a evitar una lectura equivocada: la zona gris no acaba de llegar a Europa. Las sociedades europeas llevan muchos años expuestas a operaciones desarrolladas por debajo del umbral del conflicto armado convencional, combinando instrumentos informativos, cibernéticos, económicos, políticos e incluso acciones físicas difíciles de atribuir (operaciones de falsa bandera y hombrecillos verdes, pero también otras mucho más sofisticadas y de difícil identificación). Lo que estamos observando es una sofisticación progresiva de esas herramientas y una creciente capacidad para conectarlas entre sí.
En ese marco, la desinformación adquiere valor no tanto porque sea capaz de crear de la nada una división social, sino porque permite identificar, reforzar y en ocasiones radicalizar divisiones que ya existen. Esa idea estaba muy presente en el libro coordinado por Torres Soriano y sigue siendo esencial para comprender la lógica actual de las operaciones de influencia.
Un adversario exterior no necesita inventar el independentismo, la inmigración, el malestar por el coste de vida, la desconfianza hacia las élites, las tensiones entre comunidades religiosas, una protesta juvenil o una crisis institucional. Todos esos fenómenos pueden existir por razones diversas y responder a problemas políticos legítimos. Precisamente por eso constituyen superficies especialmente atractivas para una estrategia de influencia: cuanto más real sea el conflicto de partida, más fácil resulta intervenir sobre él sin que pueda distinguirse con claridad dónde termina la conversación social espontánea y dónde comienza su explotación deliberada.
Por tanto, la mayoría de las veces el objetivo no consiste en provocar el inicio de una crisis con un nuevo casus belli, sino en localizar una grieta ya existente, ensancharla, explotarla y contribuir a que alcance una dimensión suficiente como para consumir recursos públicos, polarizar el debate, erosionar la confianza en las instituciones y dificultar la acción del Estado. Desde esta perspectiva, el éxito de una operación no debería medirse exclusivamente por el número de personas que hayan creído una noticia falsa, sino por su capacidad para introducir fricción en el sistema político y social. La dimensión cualitativa es básica en este tipo de análisis.
Cataluña y la explotación de una crisis preexistente
España conoce bien este fenómeno. El proceso independentista catalán de 2017 fue, entre otras muchas cosas, un ejemplo de cómo la desinformación contribuyó a agravar la crisis, un episodio que debe enmarcarse en un escenario más amplio, en el que actores rusos o prorrusos han tratado de explotar conflictos internos europeos.
El primer matiz debe ser evidente: Rusia no creó el independentismo catalán y ningún análisis serio permite explicar la crisis de 2017 como resultado de una operación extranjera. Existía un conflicto político de enorme profundidad, enraizado en España, que había alcanzado ya un nivel extraordinario de movilización social e institucional. Precisamente por ello ofrecía una oportunidad excepcional para actores interesados en proyectar una imagen de descomposición interna de España y, por extensión, de la Unión Europea.
Los análisis realizados entonces detectaron una intensa circulación en redes sociales de contenidos procedentes de RT y Sputnik, amplificados por cuentas anónimas, bots y otros perfiles. Un posterior estudio del Real Instituto Elcano recordaba que durante el 1 de octubre las informaciones de ambos medios figuraron entre las fuentes más compartidas bajo el hashtag #Catalanreferendum y que una proporción muy elevada de las cuentas más activas era anónima y presentaba comportamientos compatibles con automatización. España, conviene señalarlo, no realizó una atribución oficial de aquella actividad a una campaña dirigida por el Estado ruso.
Esa cautela no elimina la relevancia del caso. Lo importante es observar el mecanismo: un conflicto interno real podía ser amplificado mediante narrativas que presentaban a España al borde de una ruptura irreversible, sobredimensionaban determinados episodios de violencia o trataban de trasladar la crisis desde el plano de la política española al de una supuesta crisis general de legitimidad de las democracias europeas.
Desde esa perspectiva, el objetivo último no tenía por qué consistir en conseguir una Cataluña independiente, del mismo modo que tampoco era necesario que el destinatario de aquellas narrativas desarrollara simpatía alguna hacia Rusia. Una ganancia estratégica podía producirse simplemente si una parte de la opinión pública europea terminaba percibiendo a España como un Estado incapaz de resolver sus conflictos, a la Unión Europea como una estructura impotente frente a las fracturas internas de sus miembros o a las instituciones democráticas como actores menos fiables de lo que eran antes de la crisis.
Southport: el vacío de información como vulnerabilidad
El Reino Unido proporciona uno de los casos europeos mejor documentados sobre la relación entre desinformación, plataformas digitales y violencia física. Tras el asesinato de tres niñas en Southport en julio de 2024, comenzó a circular casi inmediatamente una identidad falsa del agresor y la afirmación de que se trataba de un solicitante de asilo musulmán. El sospechoso había nacido en Cardiff y el nombre difundido en redes no correspondía a ninguna persona relacionada con el ataque.
Las restricciones legales existentes sobre la identificación de un acusado menor de edad limitaron inicialmente la información que la policía podía ofrecer. La investigación parlamentaria posterior concluyó que ese vacío informativo creó un terreno extraordinariamente fértil para la desinformación. Entre el 29 de julio y el 9 de agosto, las afirmaciones falsas o no verificadas sobre el atacante alcanzaron unos 155 millones de impresiones en X y fueron además impulsadas por mecanismos algorítmicos de recomendación de distintas plataformas.
La consecuencia fue mucho más allá de una conversación digital distorsionada. En los días posteriores hubo disturbios en distintas ciudades, ataques contra mezquitas y establecimientos relacionados con solicitantes de asilo y episodios de violencia contra inmigrantes.
La investigación parlamentaria posterior no concluyó que un Estado extranjero hubiera estado detrás de los disturbios. Pero sí recogió el testimonio del responsable británico de policía antiterrorista, según el cual bots extranjeros habían contribuido a acelerar extraordinariamente la difusión de la desinformación. El informe menciona además que determinados patrones detectados en el sitio Channel3Now, responsable de publicar inicialmente parte de la información falsa, recordaban metodologías de blanqueo informativo y difusión de narrativas utilizadas en operaciones rusas, sin establecer por ello una atribución definitiva.
De nuevo el análisis cualitativo permite extraer de estos hechos una conclusión más importante que cualquier discusión sobre la autoría. Un acontecimiento real derivó en un periodo de incertidumbre, dicho vacío fue ocupado por una narrativa falsa (algo similar a lo ocurrido en Burgos recientemente), los algoritmos de las redes sociales favorecieron su circulación, distintos actores la amplificaron y una parte de esa movilización digital terminó produciendo altercados físicos de alto nivel de violencia. Es decir, este caso demuestra una vez más que una operación de influencia no necesita controlar cada fase del proceso para obtener beneficios.
El atractivo particular de los procesos electorales
Los procesos electorales constituyen un terreno especialmente favorable para este tipo de operaciones porque concentran durante un periodo relativamente corto prácticamente todas las variables que favorecen la manipulación: una elevada atención pública, competencia política intensa, incertidumbre sobre el resultado, polarización, emociones fuertes y una fecha concreta en la que millones de decisiones individuales adquieren consecuencias institucionales.
El Cuarto informe anual del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la manipulación de la información y las amenazas de injerencia por parte de agentes extranjeros, publicado en marzo de 2026, confirma que las elecciones volvieron a constituir uno de los principales objetivos de la actividad rusa durante el periodo analizado. El SEAE documenta actuaciones dirigidas contra procesos electorales en Alemania, Polonia, Rumanía, Moldavia y República Checa, entre otros países, y describe un patrón suficientemente repetido como para hablar de un verdadero playbook.
Ese patrón resulta significativo porque no se limita a la difusión puntual de contenidos falsos. Meses antes de las elecciones se busca establecer presencia en el espacio informativo, desacreditar dirigentes e instituciones y erosionar confianza. Conforme se aproxima la votación, las operaciones se concentran en cuestiones divisivas ya presentes en la sociedad, inmigración, economía, energía, refugiados, corrupción o protestas y, en la fase final, pueden dirigirse contra la legitimidad del propio proceso electoral.
Pero Rusia no es el único actor que utiliza estas técnicas. En Francia se ha podido observar este mismo año un ejemplo particularmente ilustrativo. VIGINUM, el servicio francés dedicado a detectar injerencias digitales extranjeras, identificó durante las elecciones municipales de marzo de 2026 una operación denominada Rokh Solis. La red utilizó páginas web y perfiles coordinados en TikTok, Instagram, X y Facebook para desacreditar a La France Insoumise y a varios de sus candidatos, pero también para enfrentar artificialmente dos universos ideológicos opuestos, uno identitario y otro supuestamente islamista, con el objetivo de polarizar la conversación. Las investigaciones hallaron indicadores técnicos que apuntaban a actores israelíes y, concretamente, a una empresa dedicada a actividades de influencia denominada Blackcore.
El caso resulta especialmente útil porque recuerda que hablar de injerencia extranjera no equivale automáticamente a hablar de Rusia. VIGINUM documentó cuatro operaciones de interferencia digital durante aquellas elecciones y señala que, desde las elecciones presidenciales francesas de 2017, los grandes procesos electorales del país han sido recurrentemente objeto de intentos de manipulación informativa procedentes del exterior.
Ceuta: cuando la desinformación altera comportamientos
El asalto a la frontera de Ceuta vivido este verano ofrece otro ejemplo de especial interés para España. Una sentencia del Tribunal Supremo sobre el procedimiento aplicable a personas que accedieran por vía marítima fue progresivamente simplificada y distorsionada hasta convertirse en mensajes que aseguraban, en esencia, que quien llegara a España nadando no podría ser devuelto o que la frontera se encontraba abierta.
El Ministerio de Exteriores tuvo que aclarar posteriormente que la sentencia no modificaba la Ley de Extranjería, no prohibía los retornos ni otorgaba derecho alguno a permanecer en España o acceder a la Península.
Maldita documentó que esos mensajes circularon inicialmente con poca repercusión, pero el 30 de julio uno de ellos fue compartido más de 200 veces en Facebook y adquirió carácter viral. En apenas 24 horas se produjo una entrada masiva de personas en Ceuta (80.000 personas, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, cuya población censada es de 83.595). La misma investigación no encontró evidencia suficiente para afirmar que una campaña de manipulación extranjera hubiera provocado la movilización, y los servicios de inteligencia españoles tampoco establecieron entonces esa relación causal.
Lo que sí pudo observarse fue una explotación inmediata de la crisis una vez iniciada. La red prorrusa Pravda difundió una fotografía antigua de varios ministros españoles en la Embajada de Marruecos para sostener la narrativa de que el Gobierno celebraba mientras Rabat promovía una nueva Marcha Verde; paralelamente, cuentas de orientación proisraelí impulsaron mensajes que presentaban Ceuta y Melilla como colonias españolas. El Servicio Europeo de Acción Exterior confirmó que se habían identificado intentos rusos de obtener ventaja informativa de la situación, pero señaló también que no existían pruebas concluyentes de que la crisis hubiera sido provocada por actores estatales extranjeros.
Ceuta muestra con particular claridad por qué conviene separar varios niveles que con frecuencia se confunden. Una cosa es generar una crisis, otra contribuir mediante desinformación a modificar el comportamiento de determinados individuos y otra distinta aprovechar una crisis que ya está en marcha para introducir narrativas favorables a los intereses propios. Las tres actividades pueden coexistir sin que necesariamente exista un único actor injerencista ni una dirección centralizada de todo el proceso.
Francia: de la amplificación informativa a la provocación física
Los acontecimientos ocurridos este mismo mes en Francia permiten observar la misma lógica de explotación de una fractura preexistente en un contexto muy diferente. Las movilizaciones del 17 de octubre respondían a causas internas de la sociedad francesa y estaban protagonizadas fundamentalmente por actores franceses. No en vano, el análisis de Alliance4Europe sobre más de medio millón de publicaciones relacionadas con esas protestas afirma expresamente que no encontró evidencia de que detrás de su origen estuviera un actor extranjero. Sin embargo, sí identificó una actividad coordinada orientada a explotar el malestar existente antes, durante y después de las movilizaciones.
Los investigadores identificaron una red que consideran muy probablemente vinculada a Doppelgänger, una operación de influencia prorrusa conocida por crear webs y perfiles que imitan a medios de comunicación y por amplificar narrativas favorables al Kremlin mediante redes coordinadas de cuentas. Durante las seis semanas anteriores al 17 de octubre, esa red difundió 639 mensajes en francés, alemán, inglés y polaco, que acumularon aproximadamente 7,4 millones de visualizaciones. Los contenidos partían de preocupaciones reales, como el deterioro de los servicios públicos o el aumento del coste de vida, para introducir una interpretación interesada: que el apoyo francés a Ucrania era responsable directo del empeoramiento de las condiciones económicas en el país.
La importancia del episodio no reside tanto en las cifras como en la lógica operativa. No era necesario crear una protesta contra el Gobierno francés. Existía ya un malestar susceptible de movilización. Lo útil para un actor exterior era introducirse en esa conversación, conectar reivindicaciones locales con objetivos geopolíticos propios y contribuir a aumentar la percepción de que las instituciones habían abandonado a sus ciudadanos para dedicar recursos a intereses exteriores.
Francia ofrece, además, un antecedente más ilustrativo de cómo el ámbito informativo puede conectarse con acciones físicas diseñadas expresamente para provocar una reacción social. En septiembre de 2025 aparecieron cabezas de cerdo frente a mezquitas y centros culturales musulmanes de París y su periferia. Investigaciones periodísticas posteriores vincularon a ejecutores serbios con un entramado asociado a servicios de inteligencia rusos; documentos internos obtenidos por medios europeos mostraron que la operación formaba parte de un ecosistema próximo a la Social Design Agency, organización vinculada a campañas de influencia del Kremlin.
El interés de este tipo de acciones no reside principalmente en el daño material que producen. Una cabeza de cerdo colocada frente a una mezquita es, desde el punto de vista operativo, un acto sencillo y barato. Sin embargo, puede generar cobertura informativa durante varios días, provocar reacciones políticas, activar tensiones entre comunidades y alimentar posteriormente narrativas digitales sobre islamofobia, inseguridad o incapacidad del Estado para preservar la convivencia. La acción física se convierte así en un elemento de producción informativa y la cobertura que inevitablemente genera forma parte del efecto buscado.
Éste es uno de los terrenos donde la noción de zona gris adquiere todo su sentido. La frontera entre una campaña de desinformación, una operación de influencia y una provocación material comienza a resultar mucho menos nítida de lo que sugieren esas categorías cuando se estudian por separado.
Italia y el problema de la atribución precipitada
Los disturbios registrados también este mes en Milán permiten abordar el problema desde la perspectiva contraria. El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, los situó públicamente dentro de lo que calificó como una forma de “guerra híbrida” desarrollada contra las sociedades occidentales a partir de TikTok, YouTube y otras plataformas digitales. Sin embargo, un día después, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, introdujo una precisión fundamental: las autoridades no disponían de evidencia de que los jóvenes participantes en aquellos disturbios estuvieran siendo manipulados desde el extranjero.
La cautela no es secundaria. Una de las consecuencias indeseables de haber incorporado conceptos como guerra híbrida, zona gris o desinformación al vocabulario político consiste en el riesgo de utilizarlos para explicar fenómenos que pueden tener causas enteramente domésticas. No toda protesta violenta es una operación de influencia, del mismo modo que una metodología susceptible de ser utilizada por un actor extranjero no demuestra por sí misma que ese actor exista.
Esta distinción es especialmente relevante porque una respuesta exagerada puede terminar produciendo el mismo efecto que se pretende evitar. Si los gobiernos interpretan conflictos sociales reales exclusivamente como resultado de una manipulación exterior, pueden desatender las causas internas que los originaron, erosionar la legitimidad de protestas genuinas y deteriorar todavía más la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En suma, pueden contribuir a la polarización y la aceleración del conflicto mismo.
El problema consiste precisamente en que la zona gris está diseñada para dificultar esa diferenciación. Un actor externo puede introducirse en un movimiento que no ha creado, amplificar contenidos producidos por ciudadanos reales o utilizar intermediarios que no conocen la finalidad última de la operación. La atribución exige, por ello, un nivel de evidencia mucho mayor que la simple identificación de comportamientos sospechosos.
Barcelona: cuando la arquitectura digital de movilización ya existe
Abordemos otro ejemplo aún más reciente en España, los disturbios del pasado 24 de octubre en Barcelona, que introducen otra variable relevante. La convocatoria bajo la etiqueta Blocus se difundió mediante perfiles de TikTok, varios de ellos anónimos o de reciente creación, que redirigían a usuarios hacia grupos privados de WhatsApp y Telegram. RTVE ha documentado cómo en algunos de esos espacios se compartían instrucciones sobre vestimenta, materiales que llevar, puntos de encuentro e incluso conversaciones sobre robos, saqueos y enfrentamientos con la policía.
Tras los altercados de Barcelona, que terminaron con 128 detenidos, comenzaron a circular nuevas convocatorias para el 31 de octubre en Madrid, Barcelona, Valencia (que ha derivado en una detención), Bilbao, Almería y otras ciudades. EFE Verifica ha identificado decenas de perfiles en TikTok, Telegram y WhatsApp que utilizan carteles de estética similar, muchos de ellos generados mediante IA, y que presentan reivindicaciones muy heterogéneas (educación, inmigración, corrupción o rechazo al Gobierno) aunque comparten un patrón común de movilización y, en algunos casos, llamada a la acción. EFE señala que existen indicios de que el fenómeno podría no haber surgido de manera completamente espontánea, aunque no ha identificado un promotor ni existe por ahora una atribución que permita vincularlo con un Estado extranjero.
Desde la perspectiva de la zona gris, el fenómeno revela una vulnerabilidad objetiva: la infraestructura necesaria para transformar una narrativa difusa en una movilización física existe ya y resulta extraordinariamente barata. Un actor interesado en agravar ese tipo de protestas no tendría necesariamente que crearlas. Podría intervenir sobre una estructura previa, amplificar determinadas convocatorias, introducir contenidos más radicales o aumentar artificialmente su visibilidad. La dificultad para distinguir posteriormente entre participantes genuinos, imitadores, provocadores y operadores externos constituye precisamente una de las características que hace atractivos estos mecanismos. En todo caso, su efecto coincide en incrementar la presión sobre el Estado y las instituciones.
Urda y la vulnerabilidad informativa de una tragedia
El trágico accidente ferroviario ocurrido recientemente en Urda obliga a extremar todavía más la prudencia porque nos encontramos ante una tragedia en pleno desarrollo, con un número de fallecidos no definitivo pero que en ningún caso será inferior a 69, familias pendientes de información y una investigación sobre las causas que apenas acaba de comenzar.
No existe evidencia alguna de que el accidente sea consecuencia de un sabotaje, un ataque informático ni mucho menos de una intervención extranjera. A pesar de ello, entidades como RTVE y EFE han tenido ya que verificar y desmentir contenidos que atribuían el siniestro a supuestas operaciones rusas o israelíes. Ninguna autoridad ha planteado algunas de esas hipótesis y las investigaciones continúan.
Sin embargo, eso no impidió que, pocas horas después del accidente, las redes sociales y distintos foros se llenaran de fotografías antiguas presentadas como actuales, imágenes generadas mediante IA, vídeos de otros accidentes y teorías de la conspiración sobre las causas. Menos de 24 horas después del siniestro, el Centro de Integración de Datos tuvo que advertir que familiares de posibles víctimas están recibiendo SMS falsos que suplantan a la Guardia Civil y les comunican supuestamente la identificación de sus seres queridos, lo que ha obligado a las autoridades a recordar que dicho procedimiento siempre se realiza de manera presencial y nunca por un SMS.
Sería irresponsable relacionar a estas alturas esos mensajes con una operación de injerencia. Sin embargo, el episodio muestra con especial crudeza cómo surge una vulnerabilidad informativa. Una tragedia de estas características concentra incertidumbre, dolor, necesidad inmediata de información, enfado y una atención pública extraordinaria. Durante las primeras horas, las instituciones no pueden responder a todas las preguntas porque muchas respuestas sencillamente todavía no existen. Ese desfase entre la demanda social de información y la capacidad institucional para suministrarla genera un espacio que puede ser ocupado por errores, rumores, oportunistas, delincuentes o campañas deliberadas de manipulación.
Desde el punto de vista de una estrategia de zona gris, además, no es imprescindible ser autor de la primera falsedad. Un actor hostil, independientemente de su origen y objetivo último, puede observar el ecosistema, identificar qué rumor está generando mayor reacción emocional y decidir posteriormente amplificarlo o reconducirlo hacia una narrativa útil para sus propios intereses. La posibilidad de aprovechar contenidos nacidos espontáneamente reduce todavía más los costes y dificulta la atribución, porque la operación puede consistir precisamente en intervenir sobre un fenómeno cuyo origen es completamente ajeno al operador.
La desinformación como problema de gobernabilidad
Durante años, una parte importante de las políticas frente a la desinformación se ha centrado en identificar contenidos falsos y contrarrestarlos mediante verificación. Esa tarea sigue siendo esencial, pero resulta insuficiente cuando el objetivo de una operación consiste en provocar efectos que trascienden el ámbito informativo.
La cuestión adquiere una dimensión estratégica en el momento en que una narrativa consigue modificar comportamientos: cuando incentiva a miles de personas a desplazarse hacia una frontera porque creen que las condiciones legales han cambiado, cuando contribuye a transformar una tragedia en una movilización violenta, cuando una provocación contra una mezquita o una sinagoga genera varios días de tensión intercomunitaria, cuando obliga a las fuerzas de seguridad a desplegar recursos ante convocatorias cuyo origen y alcance desconocen o cuando convierte un proceso electoral ordinario en un debate sobre la propia legitimidad del sistema.
En ese momento, la desinformación deja de ser exclusivamente un problema de comunicación y comienza a convertirse en un problema de gestión para el Estado. El efecto perseguido no tiene que ser necesariamente provocar un colapso institucional. Puede resultar suficiente con obligar a las instituciones a consumir recursos, atención política y legitimidad respondiendo continuamente a crisis magnificadas, mientras aumenta la percepción ciudadana de que el sistema pierde progresivamente la capacidad de controlar los acontecimientos.
Esta lógica resulta particularmente eficaz porque opera sobre problemas que en muchos casos son reales. La inmigración existe, las desigualdades existen, el conflicto territorial existe, el descontento social existe y las tragedias producen inevitablemente incertidumbre. Una campaña eficaz no necesita convencer a la sociedad de una realidad completamente ficticia, simplemente puede limitarse a manipular la interpretación de hechos verdaderos, seleccionar aquellos elementos que generan mayor confrontación y favorecer narrativas que dificulten cualquier respuesta institucional consensuada.
El problema temporal de la atribución
Existe además una asimetría que beneficia estructuralmente a quien desarrolla estas operaciones. Las instituciones democráticas necesitan pruebas antes de señalar a un Estado, una organización o un servicio de inteligencia. Una atribución seria puede exigir análisis forense digital, cooperación entre países, trabajo de inteligencia, investigación policial y, en determinadas ocasiones, procedimientos judiciales que se prolongan durante meses.
Los efectos informativos y sociales operan con un calendario completamente diferente. Un contenido manipulado puede alcanzar millones de visualizaciones en cuestión de horas, una convocatoria digital trasladarse a la calle en unos días y una narrativa quedar asentada en determinados grupos antes de que las autoridades hayan conseguido siquiera determinar cómo comenzó a circular.
La negación plausible explota precisamente esa diferencia de tiempos. Cuando finalmente se identifica una infraestructura concreta, se vincula una red de perfiles con Doppelgänger o se demuestra que los ejecutores de una provocación física trabajaban para intermediarios relacionados con un servicio extranjero, el efecto social que motivó la operación puede haberse producido mucho antes.
Esto explica por qué la atribución, aun siendo fundamental, no puede constituir el único instrumento de defensa. Las democracias necesitan preservar un estándar elevado de evidencia precisamente para evitar que la lucha contra la desinformación termine convirtiéndose en una justificación para atribuir al extranjero cualquier conflicto interno. Pero eso no debe obviar que, simultáneamente, necesitan desarrollar mecanismos de prevención y resiliencia capaces de actuar antes de conocer con absoluta precisión quién se encuentra detrás de cada episodio.
La respuesta empieza por conocer las propias fracturas
Aquí probablemente reside una de las conclusiones más relevantes que puede extraerse tanto del libro de Torres Soriano en 2019 como de los acontecimientos que hemos observado desde entonces.
Las sociedades abiertas no pueden combatir la zona gris dejando de ser abiertas. Tampoco pueden eliminar las discrepancias políticas, limitar la protesta legítima o convertir cualquier crítica institucional en una sospecha de injerencia. Una democracia necesariamente contiene conflicto, pluralismo, desacuerdo y circulación libre de ideas. Tratar de eliminar esas características para impedir que sean explotadas produciría un daño mayor que el que pretende evitarse.
La resiliencia debe construirse de otra forma. El primer paso consiste en conocer las propias vulnerabilidades antes de que lo hagan los actores interesados en explotarlas. Eso exige identificar qué fracturas territoriales, económicas, culturales o políticas pueden convertirse en vectores de una operación de influencia; mejorar la coordinación entre inteligencia, fuerzas de seguridad, administraciones públicas y plataformas digitales; disponer de capacidades para detectar comportamientos coordinados e inauténticos; y desarrollar protocolos de comunicación capaces de reducir los vacíos informativos en los primeros momentos de una crisis.
La dimensión europea es igualmente importante. Las operaciones analizadas muestran una enorme facilidad para trasladar narrativas, metodologías y activos digitales de un país a otro. Doppelgänger opera en diferentes idiomas, las convocatorias asociadas a Blocus utilizan estéticas y técnicas similares en distintos Estados, y las campañas electorales estudiadas por el SEAE presentan un patrón común adaptado después a las vulnerabilidades específicas de Alemania, Polonia, Rumanía o Moldavia. El Reino Unido, aunque ya no pertenece a la Unión Europea, considera igualmente que la amenaza exige una respuesta paneuropea y ha reforzado este año su cooperación con la UE frente a las redes rusas de información e interferencia.
Es evidente que ninguna política contra la desinformación puede sustituir indefinidamente a una buena gestión de los problemas que sirven de materia prima para esas operaciones. Es decir, es necesario actuar de manera proactiva, no sólo reactiva. Si un actor extranjero pretende explotar la desconfianza hacia las instituciones, la mejor defensa a medio plazo consiste también en reforzar la confianza mediante instituciones eficaces. Si intenta instrumentalizar una crisis migratoria, la capacidad del Estado para ofrecer información creíble y gestionar adecuadamente la frontera reduce el terreno disponible para la manipulación. Si pretende cuestionar un proceso electoral, unos procedimientos transparentes y comprensibles dificultan que las sospechas artificialmente amplificadas encuentren una audiencia predispuesta.
Ésa es la dimensión menos tecnológica y, al mismo tiempo, la más importante de la resiliencia frente a la zona gris. Las operaciones de influencia pueden ser extraordinariamente sofisticadas, utilizar IA, miles de cuentas, páginas web clonadas y una sofisticada infraestructura de distribución. Sin embargo, su eficacia depende en buena medida de encontrar dentro de la sociedad objetivo una vulnerabilidad sobre la que trabajar.
Los casos de Cataluña, Southport, Ceuta, Francia, Italia, Barcelona o el desorden informativo que empieza a rodear una tragedia como la de Urda no son equivalentes, no tienen necesariamente el mismo origen y, sobre todo, no deben presentarse como manifestaciones de una única campaña dirigida desde el exterior. En algunos existe atribución de actividad rusa, en otros se ha acreditado una intervención extranjera de diferente procedencia, en otros sólo se ha documentado una amplificación posterior y en algunos ni siquiera existe hoy evidencia alguna de injerencia.
Precisamente, esa diversidad constituye una de las principales enseñanzas del fenómeno. La zona gris no necesita una cadena de mando única que conecte todos los acontecimientos. Funciona mejor cuando puede insertarse en dinámicas que ya existen, aprovechar comportamientos espontáneos, utilizar intermediarios y explotar la dificultad de las sociedades democráticas para distinguir rápidamente entre conflicto interno e intervención exterior.
Por eso, la pregunta relevante no es sólo si Europa será capaz de identificar la próxima campaña rusa, china o procedente de cualquier otro actor (estatal o no estatal, pues aquí hemos obviado las campañas de entes paraestatales como, por ejemplo, el ISIS). La cuestión más profunda es si sus Estados serán capaces de conocer sus propias fracturas, gestionarlas y reducir su capacidad de convertirse en vulnerabilidades estratégicas antes de que alguien desde fuera descubra cómo utilizarlas en su beneficio. La amenaza no es nueva y la experiencia acumulada es ya larga. Precisamente por eso, es hora de tomar cartas en el asunto y que la respuesta no siga siendo exclusivamente reactiva.