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El proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno pretende regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos ha abierto en las últimas semanas un debate intenso. Empresas del sector, asociaciones empresariales y varias comunidades autónomas han planteado dudas sobre algunas de las condiciones previstas y, especialmente, sobre el posible impacto de una regulación más exigente que la aplicada en otros países europeos.

La discusión es pertinente. Los centros de datos son infraestructuras intensivas en consumo energético y, dependiendo de su configuración, también hídrico. Su rápido crecimiento obliga a ordenar el acceso a una red eléctrica que es limitada, garantizar estándares de eficiencia y sostenibilidad y abordar cuestiones cada vez más relevantes relacionadas con la soberanía y la seguridad de los datos. El propio Gobierno parte, por tanto, de una necesidad real y de una preocupación compartida en el conjunto de Europa.

Pero quizá resulte conveniente ampliar el foco del debate. Porque la cuestión no es únicamente qué requisitos concretos deben cumplir los próximos centros de datos que se construyan en España. Lo verdaderamente relevante es entender que las decisiones regulatorias que adoptemos hoy pueden contribuir a definir la posición que ocupará nuestro país dentro de la nueva arquitectura digital europea durante la próxima década. España llega a ese momento con una posición especialmente interesante.

Una oportunidad que ya existe

El atractivo de España para este tipo de inversiones no es teórico. El Gobierno reconoce que desde 2021 se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión asociados a centros de datos, cuando la Estrategia de Inteligencia Artificial contempla para 2030 una potencia de computación próxima a los 2,5 GW, equivalente a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. La diferencia entre ambas cifras refleja hasta qué punto existe interés por desarrollar capacidad computacional en nuestro país, pero también que una parte importante de los proyectos anunciados tendrá que competir por recursos limitados y no necesariamente llegará a materializarse.

Precisamente por ello tiene sentido ordenar el crecimiento. Tal y como está ahora planteado, el borrador plantea requisitos de eficiencia energética e hídrica, condiciones de soberanía digital y la obligación de respaldar inicialmente con nueva generación renovable al menos el 80% del consumo energético, con criterios de adicionalidad y correlación horaria. El objetivo declarado es aprovechar la oportunidad económica sin comprometer otros procesos de electrificación ni los objetivos ambientales y energéticos del país.

El problema no está, pues, en la existencia de regulación. Está en encontrar el equilibrio adecuado entre unos requisitos necesarios y la capacidad de competir en un mercado en el que las inversiones pueden desplazarse con relativa facilidad entre países.

Ésa es precisamente una de las principales preocupaciones que ha expresado el sector: que determinadas exigencias nacionales, si se alejan demasiado del marco comunitario o afectan a proyectos que ya se encuentran en fases avanzadas, puedan generar inseguridad jurídica o una desventaja frente a otros Estados miembros. El debate alcanza incluso a la futura gigafactoría española de Inteligencia Artificial (IA), cuyo diseño actual tendría que mejorar sus parámetros de eficiencia para cumplir el umbral transitorio previsto en el proyecto normativo.

Pese a todo, reducir esta discusión a la competencia por atraer centros de datos sería quedarse en la superficie y es una gran oportunidad para ampliar el foco y regular con visión y proyección estratégica.

La capacidad de computación, un gran activo estratégico

La digitalización está entrando en una nueva fase. Durante años se ha venido hablando de almacenamiento de datos, supercomputación, IA o computación cuántica, pero de forma inconexa. Hoy día, no tiene sentido abordarlo por separado.

La IA requiere una capacidad computacional creciente. La supercomputación es esencial para el entrenamiento de modelos, la simulación científica, la investigación industrial o el procesamiento de grandes volúmenes de información. Y la computación cuántica, aunque todavía se encuentra en una etapa inicial desde el punto de vista de su aplicación comercial, ya se proyecta en arquitecturas híbridas en las que la combinación de recursos clásicos y cuánticos permita resolver problemas hasta ahora inabordables por la computación clásica.

No se trata de tecnologías sustitutivas, sino sumatorias y complementarias. Y la capacidad de disponer de ellas, conectarlas y desarrollar a su alrededor investigación, talento y aplicaciones empresariales determinará una parte importante de la competitividad tecnológica de los próximos años. Ahí es donde reside el valor eminentemente estratégico de la capacidad de computación.

Europa lo está entendiendo en esos términos. La política comunitaria de supercomputación ya incorpora IA y tecnología cuántica en el marco de una misma arquitectura, y EuroHPC está desplegando infraestructuras destinadas precisamente a facilitar la integración entre computación de alto rendimiento o supercomputación y nuevos sistemas de computación cuántica.

¿Y España?

Pues por ahora ocupa una posición destacada en dicho proceso. Barcelona constituye probablemente el ejemplo más visible. MareNostrum 5 sitúa al Barcelona Supercomputing Center (BSC) entre las grandes infraestructuras europeas de supercomputación y, desde el pasado mes de mayo, EuroQCS-Spain añade capacidad cuántica integrada a dicho ecosistema. La propia iniciativa europea presenta esta infraestructura como parte del esfuerzo por desarrollar capacidad soberana de computación cuántica conectada con los grandes centros europeos de HPC.

A ello se suma el desarrollo que está teniendo lugar en el País Vasco. San Sebastián alberga desde 2025 en las instalaciones de Ikerbasque el primer IBM Quantum System Two operativo de Europa, equipado con un procesador Heron de 156 cúbits y concebido como núcleo de un ecosistema científico e industrial más amplio.

Por su parte, Granada ha puesto en marcha otra vía complementaria. Quantum ADA, con sede en el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, tiene como objetivo articular alrededor de la computación cuántica un ecosistema para conectar administraciones, empresas, universidades y centros de investigación, con aplicaciones que van desde la ciberseguridad y la energía hasta la logística, la salud o la propia IA. La Universidad de Granada ha participado además en Quantum Spain, precisamente en la construcción de un ecosistema nacional de computación cuántica aplicado a la IA.

Son tres iniciativas diferentes pero que, observadas en conjunto, permiten identificar una tendencia diferencial: España empieza a concentrar varias de las capacidades que previsiblemente definirán la siguiente fase de la digitalización europea.

La recta final del principio de la carrera cuántica

Se trata de un escenario que adquiere especial importancia en el ámbito cuántico porque, aunque según la gran mayoría de expertos estamos muy cerca de llegar a superar la barrera cuántica, el verdadero salto de dicha tecnología todavía está por llegar.

A diferencia de la IA, cuya adopción empresarial ya se está generalizando, la computación cuántica se encuentra aún en una etapa de construcción de capacidades (delimitadas por la gestión de errores), experimentación y desarrollo de casos de uso. Precisamente por ello, numerosos gobiernos intentan posicionarse por delante del resto para estar bien situados antes de que la tecnología alcance una mayor madurez industrial.

España no parte desde una posición marginal. Por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras de IBM (líder mundial en desarrollo de computación cuántica), Alemania alberga desde 2024 el primer Quantum Data Center de la compañía en Europa, mientras que el País Vasco cuenta con el primer Quantum System Two operativo del continente. Son dos infraestructuras distintas, pero sitúan a ambos países dentro de un grupo muy reducido de territorios europeos con acceso directo a sistemas cuánticos de esta escala.

Lo importante, en cualquier caso, no será sólo disponer del ordenador o sistema de computación más avanzado en un momento determinado. La ventaja sostenible se construirá en torno al ecosistema, un entorno que sume capacidad científica, talento, universidades, aplicaciones industriales, empresas capaces de trabajar con estas tecnologías e integración con otras infraestructuras de computación.

Ahí es donde la coincidencia entre Barcelona, País Vasco y Granada resulta especialmente interesante. España no tiene un único proyecto cuántico, sino distintas iniciativas que empiezan a configurar una base sobre la que deberían desarrollarse capacidades mucho más amplias. Una ventaja que, además, tiene valor precisamente porque el mercado todavía no está definido.

Regular con una visión de contexto

Pero volvamos al debate sobre los centros de datos. Si se contempla de forma aislada, una decisión regulatoria sobre eficiencia energética, agua o acceso a la red puede parecer una cuestión esencialmente técnica de impacto en un sector muy concreto. Pero las inversiones tecnológicas no funcionan de forma aislada y por tanto este tipo de decisiones normativas no deben diseñarse sin una visión de conjunto. La localización de una gran infraestructura computacional atrae proveedores, genera demanda de profesionales especializados, favorece la colaboración con universidades y centros tecnológicos, y puede condicionar posteriormente otras decisiones de inversión.

Precisamente por eso es importante analizar el contexto y los efectos de segundo orden que dicha normativa pueda tener. Si una determinada regulación hace menos atractiva la instalación de nueva capacidad computacional en España, la consecuencia inmediata puede ser la pérdida de un centro de datos. Pero la consecuencia a medio plazo puede ser que alrededor de esa inversión no se desarrollen determinadas capacidades de desarrollo de IA, servicios cloud, investigación aplicada o aplicaciones industriales.

Evidentemente regular de forma adecuada no significa renunciar a estándares exigentes. España tiene razones evidentes para buscar centros de datos eficientes, sostenibles y compatibles con las necesidades de su sistema eléctrico y con la disponibilidad de recursos hídricos. De igual forma tiene razones estratégicas para introducir criterios de soberanía y resiliencia digital.

Sin embargo, una regulación inteligente debería incorporar simultáneamente otras variables: previsibilidad, seguridad jurídica, viabilidad técnica, capacidad de adaptación de los proyectos y competitividad frente a otros países. En ningún caso se trata de regular menos, sino de regular sabiendo qué queremos construir.

Una cuestión europea, no sólo española

Existe además otra dimensión añadida que probablemente adquirirá cada vez más importancia: el alineamiento regulatorio europeo.

La Unión Europea está desarrollando políticas comunes en torno a la IA, los semiconductores, la supercomputación, la cloud y tecnologías cuánticas porque considera que estas capacidades resultan ya fundamentales para la competitividad y la autonomía estratégica de la UE.

Resultaría contradictorio avanzar en el marco de la UE hacia una estrategia tecnológica común y, al mismo tiempo, permitir que se consoliden diferencias regulatorias suficientemente amplias como para distorsionar dentro del mercado único las decisiones de localización de las infraestructuras que sostienen esa estrategia. El riesgo de deslocalización es evidente.

Es evidente que no todos los países tienen las mismas circunstancias. Las condiciones energéticas, territoriales o hídricas de España son diferentes de las de Alemania, Francia o los países nórdicos y resulta lógico que exista cierto margen nacional. Pero dicho margen debería insertarse dentro de un marco suficientemente armonizado como para evitar que la competencia termine dependiendo más de divergencias regulatorias que de ventajas económicas, energéticas o tecnológicas reales.

De hecho, parte del futuro marco español se apoya ya en estándares comunitarios. Los requisitos de eficiencia previstos en el proyecto de RD de Centro de Datos remiten al sistema europeo de etiquetado que deberá aplicarse a partir de 2027. En la medida de lo posible, esa lógica de convergencia debería extenderse al conjunto de las condiciones que afectan a una infraestructura que, por definición, forma parte de un mercado europeo.

Una vez más, Europa difícilmente podrá aspirar a una verdadera soberanía digital si la infraestructura necesaria para construirla se desarrolla sobre 27 entornos regulatorios incapaces de ofrecer unas condiciones mínimamente comparables.

Las decisiones de hoy y la posición de mañana

España reúne hoy una combinación de factores muy relevantes: una elevada capacidad renovable, buena conectividad internacional, proyectos de centros de datos diferenciales a nivel europeo, una infraestructura de supercomputación consolidada, participación relevante en la estrategia europea de IA y distintos polos que sitúan a España en una posición avanzada en el desarrollo de la computación cuántica.

Eso sí, este contexto no garantiza que España vaya a convertirse en uno de los grandes centros digitales de Europa. Lo que sí significa es que existe una oportunidad real para hacerlo y unas condiciones bien alineadas para ello.

No debe olvidarse que, además, en política industrial y tecnológica las ventajas competitivas suelen construirse mucho antes de que el mercado permita apreciarlas con claridad. Cuando una tecnología alcanza su madurez, buena parte de las decisiones que determinan dónde se concentra su industria, su talento o su capacidad de investigación se han adoptado con anterioridad, quienes buscan subirse al tren cuando la tecnología está en marcha llegan tarde.

Es desde esta perspectiva como debería abordarse y desarrollarse el debate actual sobre los centros de datos y su regulación en España. Es necesario ordenar su crecimiento y garantizar que sea sostenible, pero sería un error hacerlo sin considerar el ecosistema tecnológico, empresarial y de talento que puede desarrollarse a su alrededor y sin tener presente que otros países europeos compiten por las mismas inversiones y por las capacidades que las acompañarán.

La carrera por la IA ya está en marcha y muchas voces señalan que Europa llega muy tarde a ella. Sin embargo, la de la computación cuántica apenas está empezando y la capacidad de cálculo que permitirá desarrollar ambas será cada vez más estratégica.

España tiene la oportunidad de ocupar una posición relevante en esa nueva geografía digital europea. Las decisiones regulatorias que se adopten ahora no determinarán por sí solas el resultado, pero sí pueden contribuir a hacerlo posible o, por el contrario, dificultarlo.

Y ésa es, probablemente la cuestión que merece la pena plantearse antes de cerrar el marco: no sólo cómo regular las infraestructuras digitales que necesitamos hoy, sino qué posición queremos ocupar cuando las tecnologías que todavía están emergiendo se conviertan en los mercados estratégicos de mañana.